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En España, el notario es a la vez funcionario público y profesional del derecho. Según la Ley de 28 de mayo de 1862 del Notariado de España, los notarios tienen el poder de garantizar la legalidad de documentos. El notario debe proporcionar a los ciudadanos la seguridad jurídica que promete la Constitución en su artículo 9º en el ámbito del tráfico jurídico extrajudicial y la doble cualidad de funcionariado y profesional del derecho garantiza su independencia.
