Colegio de Abogados de Madrid

Colegio de Abogados de Madrid

Sobre el centro

El Colegio de Abogados de Madrid, es una institución líder que trabaja para defender la profesión de abogado y enfatizar la imagen de la abogacía dentro de la sociedad. Agrupa actualmente a más de 49.000 abogados, se encarga de defender sus intereses corporativos, garantizar su independencia y potenciar la vigencia de los valores básicos de la profesión. Además, presta a sus colegiados los servicios y herramientas que necesiten para el mejor desempeño y optimización de su trabajo.
Nuestra corporación es uno de los referentes principales en la controversia jurídica y en la elaboración de las leyes. Desarrolla una importante labor y actividad dentro del servicio público, plasmada en el turno de oficio, la asistencia letrada al detenido y los servicios de orientación juridica. Mantiene su deber y compromiso de solidaridad con los compañeros más necesitados, cubriendo con la cobertura de nuestros riesgos, y apoya el ejercicio de la defensa como clave de nuestra aportación colectiva e individual a la construcción del estado de derecho.
El Colegio de Abogados de Madrid es una corporación moderna e integrada, bien gestionada y organizada, con altos estándares de calidad, transparente en sus acciones y democrática en su comportamiento dentro de todos sus ámbitos. Cuenta con un presupuesto que asciende a más de 48 millones de euros y dispone de unos recursos humanos que se aproximan a los 200 empleados.

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Historia

La fundación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid se realiza en 1596, año en el que Su Majestad Felipe II otorga una Real Cédula de 15 de junio de 1596 aprobando las Ordenanzas de la Congregación de Abogados de la Corte. En el año 1996 el ICAM celebraría su IV Centenario.

Existen numerosas referencias de la Abogacía en Madrid desde la Baja Edad Media, y de los abogados del Concejo de la Villa, y fue muy importante para la profesión el Ordenamiento de los abogados y procuradores, otorgado en Madrid por los Reyes Católicos en 1495.

Pero había de ser el establecimiento de Madrid como capital y Corte del Imperio de los Austrias, realizado por Felipe II, el que hiciera necesaria la constitución de la referida Congregación de Abogados de la Corte, siendo su impulsor un personaje de origen portugués, Ascensio López, cercano a la Princesa Juana de Austria, la fundadora de las Descalzas Reales.

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid se estableció en el Colegio Imperial, y en sus Juntas regularía el examen y juramento de los abogados. Con la nueva dinastía de los Borbones se otorgan los nuevos Estatutos de 1732, creándose el Montepío en la época de Carlos III que, entre otras prestaciones, contemplaba la pensión de viudedad, atención a las enfermedades, fallecimiento y socorro. Figuras relevantes serían Campomanes, Moñino, y una amplia relación de Fiscales, Oidores, Ministros de los Consejos, Alcaldes, etc.

Durante la época contemporánea, y como consecuencia del sistema constitucional y de la modernización jurídica correspondiente, se realizan los nuevos Estatutos de 1838 y se moderniza el Colegio con la destacada figura de su decano Manuel Cortina y Arenzana, quien desempeña aquel cargo entre 1847 y 1878, contando entre sus miembros destacadísimas figuras de la política y del foro a lo largo de las sucesivas épocas de los siglos XIX y XX.

Maura aprobará los Estatutos de 1895 para todos los Colegios del Reino sobre el proyecto redactado por la Junta de Gobierno del Colegio y, en sus sucesivos decanatos, sobresalen Canalejas, García Prieto, Juan de la Cierva, Ossorio y Gallardo, y Melquíades Álvarez. La normalidad institucional se rompe como consecuencia de la Guerra Civil y se recupera con la figura de Manuel Escobedo Duato (1952-1959), cuyo decanato es continuado por Gella y del Valle Iturriaga.

Desde 1972 Antonio Pedrol Rius, realiza una importante labor en el tránsito a la España democrática y de modernización del Colegio. Le sucede, desde 1992 hasta 2007, Luis Martí Mingarro, quien continuó la labor de modernización institucional del Colegio, realizando una importante labor patrimonial, articulando los correspondientes servicios de atención a la Abogacía encomendados por el Estado y los correspondientes a las propias funciones de la profesión.