En las últimas décadas, el crecimiento económico de los países de América Latina se ha encerrado en un conjunto de restricciones, condiciones estructurales y concepciones gubernamentales que dejaron un marcado rastro de imperfecciones e inestabilidades en las economías, estas llevaron a una crisis a principios de los años ochenta de carácter nacional, de relaciones internacionales y de concepciones políticas, que dieron pie para que los gobiernos empezaran a replantear el papel frente a sus economías, y a formular nuevas políticas que se acoplaran al nuevo orden mundial para así asegurar y consolidar sus estructuras productivas.
Pero estas políticas no fueron implantadas solo para tratar de responder a los problemas económicos, responden también a la necesidad de tratar de solucionar otros flagelos que los azotan como la desigualdad social, la pobreza, la polarización de ingreso, el desempleo y la problemática ambiental entre otros[1], obstáculos que producen daños que van mas allá del aspecto económico, que afectan la calidad de vida colectiva, la estabilidad de las instituciones y la legitimación de la democracia. Se podría decir que de un problema económico, se pueden producir otros con efectos no económicos de gran magnitud.
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