La critica a la falta de política criminal para disminuir el delito por parte del Estado, se halla en la mayoría de los investigadores ausente.
Algunos, sin embargo, como Tieghi, referencian puntos salientes de resoluciones de las Naciones Unidas en la materia, acompañando y aportando soluciones propias que merecen ser aplicadas y desarrolladas puntualmente en la Argentina.
Por muchas razones: en Argentina, en materia criminológica, siempre se tiende a echar la culpa del problema del delito, a las leyes (Poder Legislativo), o al Poder Judicial y a sus subordinadas fuerzas de seguridad – policía, gendarmería, prefectura.
La versión social pide rendición de cuenta a estos poderes por no actuar y hasta se lo culpa del aumento estadístico del delito en el país. “El ciudadano de a pie” como se dice comúnmente, lo hace conforme a la fluctuación de sus emociones y no a al equilibrio de la razón. Estos dos poderes –Legislativo y Judicial- aceptan calladamente y, en forma resignada, las críticas que vienen de la sociedad y de los medios de comunicación. Tanto el Poder Legislativo, como el Judicial, hacen de fusible del Poder Ejecutivo, de los que conducen y gobiernan, y tienen la obligación entre muchas cosas: de velar por el bien común, por el fiel cumplimiento de las leyes, por el resguardo de las instituciones y el desmedido uso del poder, en todo caso, jurídicamente arbitrario.
El Poder Ejecutivo a menudo hecha mano del artículo 99 de la Constitución Nacional pero aún no da en la tecla en materia en el uso correcto de políticas preventivas del delito en general.
Es común escuchar a formadores de opinión decir. que el Estado está ausente en temas tan importantes como: Salud, vivienda, educación, trabajo. Si tomamos estas cuatro necesidades básicas del ser humano, podemos desde aquí inferir cual sería nuestro punto de partida y cual debería ser el objetivos político y social del Estado.
No es necesario recurrir a los innumerables tratados y propuestas sobre criminología para darnos cuenta que, cuando el Estado no se hace cargo y atiende el “bien común”, “lo más común es el delito”.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viven en la calle más de 3 mil personas, 50 mil familias están en situación de hotel, no existen datos sobre los que ocupan ilegalmente edificios, pero se calcula que pasan los 30 mil. A estas cifras debemos agregar las innumerables villas que van aumentando su tamaño y las nuevas que aparecen producto de la falta de solución a los principales problemas, que son; la falta de empleo y vivienda entre otros factores.
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