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Derecho Civil. Guatemala (1/3)

Autor: Denise Sanchez
Curso:
8/10 (2 opiniones) |6697 alumnos|Fecha publicación: 14/10/2009
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Capítulo 6:

 La ausencia

Concepto y naturaleza jurídica

Concepto común:  En lenguaje corriente ausencia significa la no presencia de una persona en el lugar donde debería encontrarse.

Concepto legal: En lenguaje legal o forense ausencia ha denotado el estado de una persona que desaparece del lugar de su domicilio, se ignora su paradero, y su existencia se considera o llega a ser incierta.

Este concepto tradicional, que reconocen unánimemente  todos los tratadistas de Derecho Civil, aparece en segundo plano en el art. 42 de nuestro Código Civil, que encabeza el capítulo de la Ausencia.  Dice el inco. Final de dicha disposición legal: “Se considera también ausente, para los efectos legales, la persona que ha desparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora.

La declaración judicial de ausencia es un acto grave y trascendental, que no se justifica para el simple nombramiento de representante judicial o guardador ad-litem de alguien que, por impresión, salió del país sin dejar apoderado suficiente, como el que va en viaje de negocios o gira turística, o de estudios o por razones de salud etc, y que no está comprendido en las circunstancias que rodean la ausencia legal tradicional  ya que se conoce su destino o paradero, se tienen noticias suyas, y sobre todo la certeza de su existencia.

Para obtener tal nombramiento, bastaría como está regulado en otras legislaciones con acreditar los extremos pertinentes, en unas diligencias sumarias, con intervención del Ministerio Público.

Declaración de ausencia y sus efectos

La declaración de ausencia produce efectos patrimoniales, familiares y sociales.

Los efectos patrimoniales consisten en la administración de los bienes del ausente, por un guardador, o por sus parientes.  Ya se vio que son llamados en primer término su cónyuge e hijos, y en su defecto los parientes consanguíneos en el orden sucesorio legal.

En cuanto a los efectos familiares, es obvio determinar que el cónyuge presente tendrá de modo exclusivo la patria potestad sobre los hijos comunes menores, con todos sus derechos y obligaciones.

En lo referente a efectos sociales, las sociedades corporaciones o asociaciones de que el ausente forme parte, podrán sufrir o no alteraciones, o extinguirse, según se disponga en el instrumento constitutivo o estatuto correspondiente.

Administración de los bienes del ausente

En rigor, la administración de los bienes del ausente comienza desde que se confían en depósito al defensor específico o a un depositario ad hoc, porque, en cierto modo, el depositario realiza y cumple funciones administrativas y no solamente de mera custodia, máxime si la naturaleza de los bienes así lo requiere o exige.

Empero la verdadera administración se inicia con la entrega de los bienes, en tal carácter, al guardador o a los parientes del ausente, una vez que la ausencia ha sido declarada.

Las disposiciones relativas a la administración, contenidas en el código civil Art. 44 y sigtes. Y el código procesal civil y mercantil art. 418 y sigtes, se resumen así:

El guardador deberá solicitar al juez de Primera instancia el discernimiento del cargo, y antes de confirmarlo o discernirlo, el juez podrá seguir, de oficio, una información sobre la moralidad y aptitudes del nombrado.  Con el resultado, el juez confirmará o no el nombramiento y, en caso afirmativo, discernirá el cargo.  Inmediatamente se procederá al inventario y avalúo de los bienes que se habrá de administrar, así como al otorgamiento de garantía suficiente (fianza, prenda, hipoteca, etc).

Si se tratare de un guardador común recibirá retribución anual, conforme lo dispuesto para la tutela, es decir, que oscilará entre el 5% y el 15% anual de las rentas y productos líquidos de los bienes Art. 340 cc.  En cambio, la retribución de administrador pariente serán los frutos naturales y civiles de los bienes.  Art. 59 CC.

Las excusas o impedimentos para el ejercicio del cargo deberán presentarse dentro de quince días, contados de la fecha de la notificación del nombramiento. Sin embargo, los que sobrevinieren durante el ejercicio serán admisibles en cualquier tiempo.  Mientras no esté aceptada la excusa y discernido el cargo a otra persona, el que haya propuesto la excusa o impedimento no podrá separarse de la administración.

Para la enajenación o gravamen de los bienes el administrador deberá obtener autorización o licencia judicial, mediante la justificación de urgente necesidad o manifiesta utilidad del acto que se pretende verificar.

En general, el administrador de bienes del ausente está sujeto a todas las restricciones, prohibiciones y obligaciones de los tutores y protutores, principalmente a la rendición de cuentas, y como es obvio, a las responsabilidades que se puedan deducir en su contra.

El administrador tendrá la representación judicial y extrajudicial del ausente.

Muerte Presunta

Efectos de la declaración de muerte presunta

La declaración de muerte presunta produce también efectos patrimoniales, familiares y sociales.

El inmediato y más importante efecto de tipo patrimonial es conceder vía libre a los herederos testamentarios o legales del muerto presunto, para pedir la posesión definitiva de los bienes.

Como consecuencia o derivación implícita de la posesión efectiva los herederos podrán enajenar o gravar los bienes a cualquier título.

Los poseedores de los bienes deberán prestar las pensiones alimenticias a quienes tengan derecho a ello, en los términos que la ley establece.  Art. 73.cc.

Los poseedores de los bienes (herederos o legatarios) están impedidos legalmente de adquirirlos por prescripción.  Art. 76 cc.

Desde que se sepa, por noticia comprobada, que el ausente vive, los herederos dejan de ser poseedores de los bienes y se convierten automáticamente en administradores o guardadores de los mismos Art. 71 cc.

En el campo familiar la declaración de muerte presunta causa la disolución del matrimonio.  Como consecuencia, el cónyuge sobreviviente, queda autorizado para volverse a casar.  En caso lo haga, el nuevo matrimonio será válido aunque el ausente viva, a no ser que los cónyuges o uno de ellos conociera la circunstancia de estar vivo el ausente.  En este caso, la acción de nulidad corresponde al ausente o al cónyuge que haya ignorado, al casarse, que aquél vivia. Esta acción prescribe a los sesis meses contados para el ausente, desde la fecha en que tuvo conocimiento del nuevo matrimonio, y para el cónyuge, desde que supo la supervivencia del ausente.

Es lógico que la muerte presunta repercuta en el derecho de patria potestad sobre los hijos sujetos a ella quedando el cónyuge sobreviviente como único titular de ese derecho.  Al regreso del ausente que se presumía muerto, ipso ipso recupera éste sus derechos de patria potestad.

En cuanto a los efectos sociales, la declaración de muerte presunta determinará la modificación o terminación de las asociaciones etc, de que sea miembro o socio el muerto presunto, según se prevea en la escritura social, estatutos o documento creador.

Cuándo se declara la muerte presunta

Lo establece claramente el art. 63cc. que dispone: “Transcurridos cinco años desde que se decretó la administración por los parientes, o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de éste y, en tal caso, podrán sus herederos testamentarios o legales, pedir la posesión de la herencia”.

Dentro de una sana hermenéutica, la ley fija dos puntos de partida para el cómputo de los cinco años: 1) Desde que se decretó la administración de los bienes del ausente, por sus parientes, y 2) Desde que se tuvieron de él últimas noticias.

Para el caso del primer cómputo no hay ninguna dificultad.  Para el segundo, es menester que en la resolución judicial de declaración de ausencia se fije o se establezca la fecha de las últimas noticias, para de esa fecha iniciar la cuenta de los cinco años.  Podría darse el caso también que durante el curso de la administración se recibieren noticias, debidamente comprobadas, del ausente. ¿Qué pasaría entonces? ¿Se interrumpiría el término de cinco años, comenzado a correr a partir del decreto de administración?  La respuesta tiene que ser afirmativa, y si no se vuelve a saber del ausente, el término de cinco años se tendrá que contar necesariamente desde la fecha de las últimas noticias recibidas, legalmente comprobadas.

Muerte presunta extraordinaria

Con carácter extraordinario la ley ofrece, taxativamente, tres casos que dan lugar a la declaración de muerte presunta.  Efectivamente, el Ar. 64 c.c. dice a la letra.

“Podrá asimismo declararse la muerte presunta”

a)  De la persona que despareciere durante una guerra en que haya tomado parte o se hubiere encontrado en la zona de operaciones, cuando haya transcurrido un año de terminada la guerra sin que se tenga noticia de ella.

b)  De la persona que se hubiere encontrado a bordo de un buque náufrago, o al verificarse un accidente de aviación, cuando haya transcurrido un año de su desaparición, y

c)  De la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiere desparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación y otro siniestro”.

Como lógicamente se colige la declaración de muerte presunta se hará por la autoridad judicial, y la correspondiente sentencia será inscrita en el Registro Civil del domicilio del presunto muerto. Art. 418 c.c.

Ahora bien, ¿en qué término se podrá hacer tal declaración?  Para los casos contenidos en los incisos a) y b) del art. 64 cc después de transcurrido un año de terminada la guerra sin que se hayan tenido noticias de la persona desaparecida, o de la desaparición de la que se encontraba a bordo del buque náufrago o de la aeronave que sufrió el accidente (de aviación).

Respecto del caso contemplado en el inciso c) del art. 64 c.c. la ley no señala término para la indicada declaración de presunción de muerte.

Cabe hacer notar que este caso presenta dos 2) matices: 1) Cuando consta la fecha del siniesro, y 2) Cuando no consta.

Cuando se tratare del primer aspecto (1) por analogía se habrá de aplicar el transcurso del plazo de un año, que se ixige para los casos a) y b) del art. 64 c.c.: porque como reza el viejo aforismo “donde existe la misma razón, se aplica la misma disposición”.

Cuando no consta la fecha del siniestro, en cualquier tiempo podrá promoverse la solicitud de tal declaración; y entonces habrá de tener aplicación del art. 65 c.c. que literalmente dice:

Cuando no constare la fecha del siniestro en que se presume fallecida alguna persona, el juez fijará el día y la hora que se reputen ser lo de la muerte, en vista de las circunstancias en que pueda haber ocurrido y de las pruebas que presente los interesados.

A falta de datos acerca de la hora del fallecimiento, se fijará como tal, la última hora del día presuntivo de la muerte”.

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