En todas estas etapas es muy importante establecer una relación continua entre los diferentes comportamientos de la comunidad, ya que existen tres condicionantes que, si no se cumplen, pueden convertir la participación comunitaria en un mero asentimiento de las propuestas hechas por técnicos o por políticos. Estos condicionantes son:
1. Que las relaciones de poder entre los participantes en el proceso de planificación sean iguales. Es decir, que todos los representantes de la comunidad puedan expresar libremente sus ideas con la seguridad de ser escuchadas y atendidas. Esto requiere, por una parte, la capacitación y el refuerzo previsto en la carta de Ottawa y, por otra, la equidad necesaria para que desaparezcan las graves diferencias sociales y que los grupos «marginados» puedan manifestar sus necesidades y sus expectativas, ya que éstas suelen ser menos manifiestas, y contribuir de forma paritaria a la toma de decisiones en cuanto a la importancia de los problemas y la fijación de prioridades.
2. El acuerdo sobre el bien común. Se acepta que el criterio para la programación de actividades debe ser la mejora de la situación de salud, es decir, el bien común. Esto es difícil de conseguir en una sociedad, como la nuestra, en que son frecuentes los conflictos y las coerciones, así como el predominio de grupos con algún tipo de poder o de grupos de presión. La aceptación del bien común requiere una actuación democrática clara y ágil.
3. Si la planificación se hace mediante el trabajo de grupo, es preciso que la representatividad de la comunidad sea cuidada al extremo, de modo que pueda abarcar al mayor número posible de sectores y grupos sociales sin pérdida de su capacidad de funcionamiento.
El compromiso de la comunidad es un elemento imprescindible de la promoción de la salud si ésta pretende ser un movimiento no intervencionista. En la Carta de Ottawa se destacan dos tipos de actuaciones: unas predominantemente políticas, con establecimiento de una política sana y de ambientes saludables y reforma de los servicios sanitarios, y otras reforzadoras de la comunidad. Debe ser el equilibrio de ambas lo que lleve a la salud, pero la determinación de las necesidades y prioridades debe surgir de la comunidad, así como la evaluación. Si no fuera así, serían ciertos grupos (políticos, profesionales, burócratas, activistas de cualquier tipo) quienes plantearían acciones y fijarían la política, que tendría un carácter intervencionista aunque en teoría fuera dirigida al bien de la comunidad. Privaría a la población de competencias y responsabilidades, un efecto que es contrario al espíritu de la promoción de la salud.
De ahí la gran importancia de la capacitación de la población, no sólo mediante la divulgación de conocimientos sobre salud y sus determinantes físicos, ecológicos, sociales, económicos y culturales, sino mediante el refuerzo de estructuras de apoyo, la capacidad de toma de decisiones colectivas y la defensa de sus intereses. La comunidad debe llegar a ser agente de su propio destino mediante su contribución al establecimiento de la política sana necesaria como apoyo a las acciones individuales y de pequeños grupos.
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