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Capítulo 8:

 Enfermería. Negligencia-mala praxis. Ley HIPAA y Ley Medicare

NEGLIGENCIA/MALA PRAXIS

La doctrina de la negligencia se basa en el deber de cada individuo de prestar la atención debida al desempeñar acciones dirigidas a otras personas que podrían ocasionar daños.

Se espera que el nivel asistencial de los profesionales de enfermería sea más elevado que el de los no profesionales.

La doctrina de la negligencia se compone de los elementos siguientes: un deber con relación al paciente, un incumplimiento de dicho deber, una lesión sufrida por aquel y una relación causal entre la lesión y el incumplimiento. Para atribuir una responsabilidad legal, es preciso identificar una violación del deber de actuar con cuidado o bien una actuación diferente de la que desarrollaría un profesional de enfermería sensato y prudente en una situación semejante.

El término negligencia grave se aplica al incumplimiento intencionado de un deber con una indiferencia temeraria a las consecuencias para el paciente. Se considera una falta grave de atención hasta el punto de calificarse de intencionada y displicente. La negligencia grave puede deberse a la aplicación indebida de restricciones, una caída del paciente, o errores con la medicación que perjudican al paciente.

La negligencia criminal implica, igualmente, un deber del profesional de enfermería y un acto que constituye la causa inmediata de la lesión o la muerte del paciente. Por lo general, este tipo de negligencia se define en los estatutos y como tal constituye un crimen punible. Este acto punible sería un desprecio flagrante y temerario hacia la seguridad de otros individuos y/o indiferencia hacia la probable lesión derivada del mismo que lo convertiría en un crimen cuando diera lugar a lesiones personales o a la muerte. Un profesional no es «negligente» a no ser que se abstenga de aplicar el grado de cuidado razonable que emplearía un profesional prudente en esas mismas circunstancias a la vista del probable riesgo de lesión. La muerte o las lesiones graves ocasionadas a un paciente como consecuencia de un error con la medicación o su administración por vía IV pueden dar lugar a una acusación de negligencia criminal.

La mala praxis se define como cualquier conducta profesional incorrecta debida a la incapacidad excesiva o la falta de fidelidad a los deberes profesionales. En un sentido más específico, este término se aplica a un tratamiento desfavorable, erróneo o perjudicial que provoque lesiones, sufrimiento innecesario o muerte de un paciente debido a ignorancia, despreocupación, impericia profesional, incumplimiento de las reglas, protocolos, principios o procedimientos establecidos, desatención, o una intención maliciosa o criminal.

Derecho civil

Contrato

Agravio no intencionado

Agravio intencionado

Negligencia

Derecho penal

Agresión

Lesiones

Homicidio

Homicidio sin premeditación

Es obligación legal del profesional de enfermería prestar una atención competente y razonable a sus pacientes. Para garantizar que así sea, el profesional de enfermería debe conocer las normas asistenciales, desarrollar unos modelos consistentes de práctica que satisfagan dichas normas y registrar sus acciones de forma precisa y completa. El número de acciones legales contra profesionales de enfermería se ha incrementado a lo largo de la última década. Las acciones de enfermería que infringen una norma asistencial y pueden ocasionar lesiones a un paciente incluyen la colocación incorrecta de un catéter de Foley; no tomar las medidas adecuadas para reducir la temperatura corporal de un paciente; no comunicar un estado inusual o empeoramiento del paciente al médico responsable del mismo, y no evitar caídas. Todas estas actuaciones pueden dar lugar a demandas por mal praxis profesional.

La legislación sostiene que un empleado debe asumir también la responsabilidad legal por actos negligentes de otros empleados en el curso y el ámbito de su ejercicio profesional. Los médicos, los hospitales, las clínicas y otros empleados pueden ser responsables de actos negligentes de sus empleados. Esta doctrina no incumbe a los actos de negligencia grave ni aquellos realizados fuera del entorno laboral.

HIPAA

La ley Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), promulgada en el año 1996 e introducida paulatinamente, obliga a la Secretary of Health and Human Services (HHS) a elaborar normas encaminadas a mejorar los programas Medicare y Medicaid, así como la eficacia y la efectividad del sistema sanitario. Garantiza el mantenimiento del seguro sanitario si el paciente disfrutaba ya de un seguro grupal, propone normas para las transacciones electrónicas y firmas de seguridad, y asegura la privacidad de la información sanitaria personal.

El componente relativo a la privacidad entró en vigor el 14 de abril de 2003. La Regla de privacidad se aplica a los programas sanitarios, los centros de intercambio de información sanitaria y cualquier profesional sanitario que transmita información de seguros sanitarios por vía electrónica. Se basa en las nuevas normas de la ley HIPAA. Uno de los principales objetivos de la Regla de privacidad es definir y limitar las situaciones en las que se podría usar o revelar información sanitaria protegida de un sujeto por los organismos enumerados anteriormente.

Únicamente se puede revelar dicha información en los casos permitidos por la Regla de privacidad.

Según esta ley, el paciente puede solicitar copias de sus historias clínicas y requerir su modificación en caso de que contengan errores. La ley señala que la información médica personal no se puede utilizar con ningún fin distinto del sanitario. De igual manera, indica que la información relativa al paciente tan sólo se puede facilitar a este o a sus representantes sanitarios, a no ser que se ordene lo contrario.

LEY DE RECETADO DE MEDICARE

La ley Medicare Prescription Drug Improvement and

Modernization Act, 2003 se elaboró en enero de 2002, aunque no se promulgó hasta 2005. Esta ley garantiza una asistencia sanitaria asequible y cobertura de medicamentos con receta a todos los receptores de Medicare, la ampliación de los programas sanitarios, la mejora del acceso a la asistencia sanitaria en zonas rurales y diversos servicios de prevención, como la realización de mamografías. Esta ley supone la primera modificación innovadora del programa Medicare desde su creación en el año 1965. Se han propuesto algunas reformas relativas a las normas legislativas sobre impuestos sanitarios legislativos y la ampliación de las cuentas de ahorro médico exentas de impuestos.

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