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Capítulo 2:

 La evolución del concepto de educando

El educando hasta hoy fue tratado, en su relación jurídica con el educador, como un sujeto pasivo y obligado a una prestación u omisión en su actividad áulica.

Esto es así porque solamente se consideraba hasta ahora su derecho individual y/o garantía constitucional de “aprender”; y en su alcance era considerado como una libertad fundamental inherente al desenvolvimiento de la personalidad; y consistía en la adquisición de todos los conocimientos científicos que corresponden a la época en que se vive y al desarrollo de las aptitudes vocacionales para lograr su máximo rendimiento en beneficio de la sociedad.

También el derecho de aprender comprende la gratuidad y la obligatoriedad de la educación, y con la incorporación de los Tratados de Derechos Humanos en 1994, esa gratuidad, se tiene que extender progresivamente a la educación secundaria. En su alcance el principio de aprender comprende el ingreso, la permanencia, la libertad de elegir donde educarse etc. Todo ello según la Corte Suprema, no es absoluto, ni ilimitado, sino sometido en su ejercicio a las restricciones que lo reglamenten sin alterar su espíritu.

Es precisamente esta reglamentación la que debe ser considerada y adaptada a las disposiciones de la Ley 26.061, y que nos referiremos mas adelante.

Pero hasta aquí consideramos al “educando” desde la óptica del derecho a “aprender”, pero también es necesario estudiar al alumno desde el punto de vista que lo considera la Ley 26.061, en su Artículo 3ro., inciso a); es decir en “su condición de sujeto de derecho”.

En el documento “Educación y Proyecto de Vida” el equipo Episcopal de Educación Católica nos advertía en el año 1985 que “El alumno no es, pues, un objeto o un sujeto meramente pasivo de la acción educativa; es una persona cuyos derechos debe el docente no sólo respetar sino también proteger y promover,…”.

La incorporación de los Tratados Internacionales en la Reforma Constitucional de 1994, otorgándoles jerarquía constitucional, y la virtual reglamentación efectuada por la Ley 26.061 de los contenidos de la “Convención sobre los Derechos del Niño” adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989 y aprobada por la República Argentina mediante Ley 23.849; nos obliga a enfocar los derechos del educando desde la perspectiva de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.

Con la nueva ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños, y adolescentes la Republica Argentina ha cumplimentado con su obligación asumida como Estado Parte del Tratado Internacional de velar por su aplicación y tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares (Art.2º C.S.D.N.).

 Los Estados se comprometieron al firmar el Tratado Internacional a tomar todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas para asegurar que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas; y adoptar cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con lo convenido (Art. 3 y 28 de la C.S.D.N).

Es precisamente sobre estos tópicos que debemos analizar el contenido de la Ley 26.061, para desentrañar lo referente a la aplicación de sus principios, derechos y garantías en la normativa que comprende al Derecho Educativo.

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