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Capítulo 3:

 Suspensión de la resolución recurrida. Procedimiento

Procedimiento

En esto sí que se produce una paridad entre todos los recursos; todos tienen que presentar un mismo patrón. Aunque la ley 30/92 ha optado por un acusado antiformalismo, lo que se desprende de la no obligatoriedad de un tipo formulario ni de que el error en la calificación del recurso impida su aceptación, siempre que se desprenda su verdadera naturaleza.

El recurso deberá contener:

a)    El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo.

b)    El acto que se recurre y la razón de su impugnación.

c)    Lugar, fecha y firma del recurrente, así como la identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones.

d)    Órgano, centro o unidad administrativa a que se dirige.

e)    Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas.

El alcance de la exigencia de estos requisitos ha de ponerse en relación con el régimen general de subsanación previsto en el art. 71 de la LRJPAC, marcado, como hemos dicho, por un fuerte antiformalismo. Así, si la interposición del recurso no reúne los requisitos que se señalan en el artículo 110.1, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su recurso, previo el dictado de la consiguiente resolución.

La Ley consagra en el art. 112 el derecho de audiencia a los interesados, no sólo a los recurrentes, sino también a todos los demás que tenían tal condición en el procedimiento originario. Sin embargo, ese derecho sólo surge en los supuestos en que deban tenerse en cuenta hechos nuevos o documentos no recogidos en el expediente originario. En ese caso, el plazo que debe fijarse para dicha audiencia es de 10 a 15 días.

La Ley se encarga de aclarar que no tendrán la consideración de documentos nuevos ni el propio recurso, ni los informes o propuestas.

No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiéndolos podido presentar en el trámite de audiencia no lo hubiera hecho (112).

Suspensión de la resolución recurrida

Artículo 111. Suspensión de la ejecución. (Modificado por Ley 4/1999)

1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

Lo deja claro el nº uno del art.: no habrá suspensión por el mero hecho de presentar un recurso.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 de esta Ley.

En el párrafo tercero aparece una previsión normativa positiva para el caso de que no se produzca una resolución de la petición de suspensión del acto: se entenderá suspendido el acto si,  transcurridos treinta días desde que la solicitud entró en el registro del órgano, éste no ha dictado resolución expresa  al respecto.

Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares precisas para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o del acto recurrido.

Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente.

La suspensión podrá prolongarse después de agotada la vía administrativa cuando exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa.

Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud.

5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó.

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