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Seguridad e inseguridad ciudadana

Autor: JOSE ANTONIO PORTUGAL AYESTAS
Curso:
9,50/10 (6 opiniones) |25610 alumnos|Fecha publicación: 13/04/2005
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Capítulo 9:

 La policía

CAPITULO IX

La Policía.

La Policía como organismo del Estado constituye otra instancia central en las estrategias destinadas a combatir los factores que afectan la seguridad de los ciudadanos, los organismos de orden y seguridad forman parte del aparato del Estado y, por tanto, del sistema parcial de la política, particularmente de lo que. En esos términos, usualmente las Fuerzas del Orden se encuentran adscritas a la estructura e institucionalidad políticas y su ámbito de competencia, así como sus atribuciones legítimas, se definen según los marcos de la legalidad vigente en una determinada sociedad. Sin embargo la globalización de los principios del Estado democrático, junto a la suscripción y vigencia durante los últimos años de numerosos tratados internacionales, han conllevado grandes y frecuentes coincidencias entre los países respecto de definiciones de principios en términos de sociedades libres y democráticas.

El tema de la Seguridad Interior estuvo traslapada con la denominada doctrina de la Seguridad Nacional, desde la cual surgió la discusión en torno a la "militarización de las fuerzas policiales". Sin embargo, desde los años noventa, se observa una tendencia a una "policiación de las Fuerzas Armadas", como una respuesta a la crisis del narcoterrorismo, que involucró a los militares en tareas propias de la Seguridad Interior como ha ocurrido en Colombia, Perú y Brasil.

Al sur de América, países como Uruguay, Argentina y Chile no se han visto envueltos en esta última tendencia, centrándose más bien el debate de las competencias, atribuciones, dependencias político-administrativas, problemas de coordinación entre los organismos de seguridad y de orden, además de las estrategias y recursos necesarios para incrementar la eficiencia policial.

En Chile, existen dos instituciones que legalmente tienen competencias diferenciadas por las normas, aunque en los hechos operan con cierta superposición de funciones. La Constitución de la República señala que estos organismos existen para dar eficiencia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad interior (Artículo N° 90, Constitución Política del Estado Chileno). Para ello la policía dispone de diversos instrumentos reconocidos también por leyes y reglamentos. La ley orgánica de Carabineros de Chile, la define como una institución técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública siendo su finalidad garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública (Ley 18.691). En el caso de la Policía de Investigaciones de Chile, la ley le encarga la misión de fundamental de investigar los delitos producidos, identificando los presuntos responsables, reunir y asegurar las pruebas y desarrollar todas las actividades que la ley establece para el esclarecimiento por los tribunales de los hechos constitutivos de infracción a la ley penal. (Decreto 2.469). No obstante lo anterior, en muchas ocasiones el ejercicio de la acción policial incorpora operaciones donde no se aplica el derecho en estricto rigor, como sucede cuando los funcionarios median en un conflicto, solicitan que un mendigo se retire de un lugar, o a grupos de jóvenes para que bajen el volumen de la música, pese a ello, en toda las sociedades, este tipo de acciones se entienden como legítimas y ajustadas a las normas y ámbitos de competencia de la Policía.

Ello quiere decir que en los diferentes países, la función de la policía está orientada fundamentalmente al mantenimiento de la Seguridad Pública antes que a la Seguridad Ciudadana, lo cual se relaciona con una interpretación restrictiva del ámbito de competencia policial centrada sólo en "dar eficacia al derecho como única o al menos principal función de la policía".

En realidad, la aplicación de la ley penal representa sólo uno de los posibles instrumentos a los que el policía acude para cumplir con su rol en materia de seguridad, entre otras alternativas disponibles.

Además, durante las últimas décadas se ha ido desarrollando una óptica más amplia respecto de la función policial que supera su concepto tradicional reconociendo la complejidad de la relación de sus tareas en sociedad. En ese contexto se encuentra el concepto de Policía Comunitaria, surgido en Estados Unidos a partir de un conjunto de investigaciones empíricas efectuadas desde los años cincuenta, que cuestionaron los límites de aplicación del sistema penal, la forma de interacción que mantenía la policía con la población negra entre otros grupos minoritarios, la consolidación de los derechos civiles en la década de los sesenta y el aumento de los índices de delincuencia. Aún cuando el debate continúa hasta nuestros días, puede señalarse que los elementos básicos del concepto de Policía Comunitaria son: a) prevención organizada a partir de la comunidad de base; b) reorientación del despliegue o patrulla policial privilegiando acciones proactivas y no meramente reactivas; c) énfasis en la respuesta y responsabilidad hacia la comunidad local y d) descentralización del mando. Si bien es cierto que estas nociones vienen adquiriendo un desarrollo notable y se observa una disposición favorable para introducir modificaciones en los procedimientos y en la operatoria de la Policía, tanto en la opinión pública como en el sistema político; no debe olvidarse el carácter auto referente que poseen, como todo sistema social, los organismos de orden y seguridad pública.

En la mayor parte del mundo estos sistemas se constituyen como organizaciones estrictamente jerarquizadas, con procedimientos respaldados por la ley y con rutinas formales e informales incorporadas a una tradición y culturas organizacionales altamente estables y valoradas por sus miembros, lo cual torna muy improbable una pronta introducción de cambios estructurales. Ello plantea un importante desafío a la hora de plantear nuevas estrategias de prevención del delito y de la necesidad de la coordinación de su labor con otras instancias, así como tener expectativas fundadas sobre un aumento en la capacidad de respuesta por parte de los sistemas policiales.

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