12.213 cursos gratis
8.307.532 alumnos
Facebook Twitter YouTube
Busca cursos gratis:

Capítulo 20:

 Prohibiciones e impedimentos

Prohibición de cobertura de cargos de naturaleza permanente

La norma prohíbe a las entidades del Sector Público cubrir cargos de naturaleza permanente a través de empresas de servicios especiales o de servicios temporales o de cooperativas de trabajadores.

Sólo se autoriza la contratación de personal a través de empresas o cooperativas intermediarias de mano de obra cuando se trate de labores complementarias, expresamente calificadas como tales, o para cubrir la ausencia temporal de un servidor permanente, sin que tal cobertura pueda sobrepasar de tres meses.

Las entidades públicas comprendidas las normas del RECAS quedan prohibidas, en lo sucesivo, de suscribir o prorrogar contratos de servicios no personales o de cualquier modalidad contractual para la prestación de servicios no autónomos. Las partes están facultadas para sustituirlos antes de su vencimiento, por contratos celebrados con arreglo al RECAS.

Las prohibiciones de contratación de servicios no personales reguladas en las normas de presupuesto son aplicables a los CAS.

Prohibición en casos de nepotismo

La Quinta Disposición Complementaria Final del Reglamento del RECAS establece que la prohibición a que se refiere el Artículo 1º de la Ley Nº 26771 es de aplicación a los titulares de los CAS.

Mediante Ley Nº 26771 se estableció la prohibición a los funcionarios de dirección y/o personal de confianza del Sector Público Nacional, así como de las empresas del Estado, que gozan de facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección, de ejercer dicha facultad en su entidad respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio; no habiéndose incluido, taxativamente, los casos generados por el concubinato protegido por el artículo 5º de Carta Fundamental.

A partir de la vigencia del Reglamento de la indicada Ley, aquellas personas que ingresen en una entidad contraviniendo lo dispuesto por los artículos 1º y 5º de la Ley, quedarán inhabilitados para prestar servicios en cualquiera de las entidades señaladas en el artículo 1º del Reglamento de dicha Ley, hasta dos años después de declarada la nulidad del acto administrativo, del contrato laboral o de servicios.

Por tanto, se configura el acto de nepotismo cuando estos funcionarios ejerzan su facultad de nombramiento y contratación de personal respecto de sus parientes hasta el cuarto grado de consaguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio; o cuando éstos ejerzan injerencia directa o indirecta en el nombramiento y contratación de dichos parientes.

Se presume que existe injerencia directa, cuando los referidos funcionarios, que guardan los parentescos indicados, tienen un cargo superior a aquél que tiene la facultad de nombrar o contratar personal al interior de su Entidad. Por injerencia indirecta, se entiende aquella que no estando comprendida en el supuesto contenido en el párrafo anterior, es ejercida por un funcionario que sin formar parte de la Entidad en la que se realizó la contratación o el nombramiento tiene, por razón de sus funciones, alguna injerencia en quienes toman o adoptan la decisión de contratar o nombrar en la Entidad correspondiente.

No configura acto de nepotismo la renovación de contratos de servicios no personales pre-existentes, realizados de acuerdo a la normatividad sobre contrataciones y adquisiciones del Sector Público. En los contratos que impliquen prestación de servicios, vigentes a la fecha de promulgación de la Ley, si se prueba la relación de parentesco a que se refiere el Artículo 1º de la misma, no podrán ser renovados.

Resultó claro para la Ley Nº 26771 que el acto de nepotismo se configura a través de la combinación de las funciones y los lazos de parentesco de los funcionarios con poder de decisión o de confianza, lo que conlleva a una potencial intervención en dichos actos.

Sin embargo, en vía reglamentaria, el Decreto Supremo Nº 021-2000-PCM precisó que se requiere que esta injerencia, directa o indirecta, se realice a través del ejercicio efectivo de dicha intervención y su probanza correspondiente; aspectos que no se encontraban contemplados en la ley de la materia; situación que ha sido corregida por el Decreto Supremo Nº 017-2002-PCM.

Posteriormente, el Decreto Supremo Nº 034-2005-PCM, expedido a efectos de lograr una mayor transparencia en la gestión pública y evitar probables actos de nepotismo, modificó parcialmente el aludido Reglamento, exigiendo a toda persona que ingresa a prestar servicios en la Administración Pública, brindar información oportuna sobre aquellos con quienes tiene relación de parentesco o vínculo conyugal que presten servicios en la misma entidad a la que ingresa.

Igualmente, se determinó con claridad la manera como se materializa la nulidad de pleno derecho con que la Ley Nº 26771 sanciona los actos que contravienen sus disposiciones, sea en el caso que dicha nulidad afecte a actos administrativos o a contratos. En tal sentido, se ha prescrito que son nulos, de pleno derecho, los actos administrativos que dispongan el ingreso a la Administración Pública, así como los contratos, cuando ambos se realicen contraviniendo dicha Ley. La nulidad deberá materializarse mediante acto administrativo que así la declare o mediante declaratoria de nulidad del contrato correspondiente.

En el aspecto disciplinario, los autores del nepotismo declarado -funcionarios de dirección y/o personal de confianza- serán sancionados con la destitución, despido o resolución del contrato; quedando, consecuentemente, prohibidos de ejercer la facultad de nombrar, contratar, intervenir en los procesos de selección de personal, designar cargos de confianza o en actividades ad honorem o nombrar miembros de órganos colegiados; así como de ejercer injerencia directa o indirecta en los citados procesos de personal.

Por su parte, el funcionario respecto del cual se ejerce la injerencia directa o indirecta en los actos de nepotismo, será sancionado con suspensión sin goce de remuneraciones. Si la función o cargo ejercido es de confianza, su nombramiento quedará sin efecto, o se resolverá su contrato; según corresponda. El período de esta suspensión dependerá de la gravedad de la falta y no podrá ser mayor a ciento ochenta (180) días calendario.

En casos de nepotismo, además de la responsabilidad disciplinaria, existe a la vez responsabilidad pecuniaria; en consecuencia, el funcionario que resulte responsable de ejercer injerencia directa o indirecta será solidariamente responsable con la persona indebidamente nombrada y/o contratada, respecto de la devolución de lo percibido, como consecuencia de la nulidad a que se refiere el artículo 4º de la Ley Nº 26771.

Si al momento de determinarse la sanción aplicable, la persona responsable del acto de nepotismo, ya no tuviese la condición de funcionario y/o personal de confianza, la sanción consistirá en una multa equivalente a las remuneraciones o ingresos que dicha persona hubiese percibido en un período, no mayor de ciento ochenta (180) días calendario. En tanto no se cumpla el pago de la multa, el responsable no podrá ser designado a cargo o función pública ni percibir ingreso proveniente del Estado; lo cual entraña inhabilitación, la que fenece con la efectividad del pago.

Obviamente, no habrá responsabilidad disciplinaria ni del funcionario presuntamente autor de nepotismo ni de su pariente inmerso en él, si se prueba durante el proceso sancionador que si bien se acreditó la relación parental, sin embargo, ambos, recién tomaron conocimiento de la existencia del parentesco, lo que a veces suele ocurrir.

En este particular caso, si bien debe declararse la nulidad del acto de incorporación, lo es también que este hecho no es sancionable por no haber intencionalidad en su comisión e ignorancia del parentesco generador del nepotismo. Tampoco seria exigible la devolución de lo percibido, dado que, en este caso, se configuró una relación laboral de buena fe y una prestación de servicios debidamente remunerada; de lo contrario, se conculcaría los preceptos constitucionales previstos los artículos 22º, 23º y 24º de la Carta Magna, que informan que todo trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente y que nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución.

A esta ignorancia del parentesco, por parte de quienes pueden ser sujetos activos y pasivos de nepotismo, contribuye la forma en que se hace la declaración jurada exigible a todo postulante, como condición previa a su ingreso a la función pública. En esta declaración, cuyo formato lo facilita el empleador estatal, se hace constar no tener vínculos de parentesco con funcionarios de confianza y/o personal de dirección que labora en la entidad a la que pretende ingresar; acto en el cual, formalmente, no se hace conocer al declarante los nombres y apellidos de estos funcionarios, como tampoco, a éstos, los de los ingresantes.

Entonces, estamos ante una declaración insuficiente, desde que el declarante dice no tener parentesco con personas -funcionarios de la entidad- cuyos nombres desconoce porque no se les se le informa previamente; con lo que, por un lado, reitero, resultan eximentes de responsabilidad administrativa, disciplinaria y pecuniaria los sujetos activos y pasivos del nepotismo en el sector estatal, sino también de responsabilidad penal por falsedad genérica (Artículo 438º del CP) con que suele tipificarse cuando se descubre este hecho; o, de nombramiento o aceptación ilegal (Artículo 381º CP), por la falta de requisitos legales, desde que uno de ellos es no tener impedimento de ley para el ingreso.

Entonces, es obligación del Órgano de Administración de cada entidad recabar dicha declaración jurada de toda persona que ingrese a prestar servicios, independientemente de su régimen laboral o contractual, en la que consigne el nombre completo, grado de parentesco o vínculo conyugal y la oficina en la que eventualmente presten servicios sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o su cónyuge, en la misma entidad. Para este efecto, las Oficinas de Administración de las entidades, deberán facilitar al declarante el listado de sus trabajadores a nivel nacional.

Las disposiciones en materia de nepotismo, entrañan, en sí, sin que ello configure categoría de sanción disciplinaria, inhabilitación por parentesco; lo que impide a cualquier ciudadano ejercer función pública, únicamente, en el organismo en que labora el pariente y que interviene directa o indirectamente en el proceso selectivo del cargo al que aspira. De detectarse casos de nepotismo, si la función o cargo ejercido es de confianza, el nombramiento quedará sin efecto o, se resolverá el contrato, según corresponda. Si al momento de determinarse la sanción aplicable, la persona responsable del acto de nepotismo ya no tuviese la condición de funcionario y/o personal de confianza, la sanción consistirá en una multa equivalente a las remuneraciones o ingresos que dicha persona hubiese percibido en un período, no mayor de ciento ochenta (180) días calendario.

En tanto no dé cumplimiento al pago de la multa impuesta, la persona responsable no podrá ser designada para ejercer cargo o función pública; esto es, en estricto, queda inhabilitado para ejercerlos y, por tanto, también inhabilitado para percibir ingreso remunerativo u honorarios con fondos públicos.

Esta norma, obviamente, impide al multado cobrar pensión estatal (Decreto Ley N° 20530), lo que violenta su derecho a la propiedad garantizado por el artículo 70° de la Carta Fundamental, por cuanto que su pensión constituye un derecho incorporado a su patrimonio. Se trata de un inconstitucional procedimiento disímil y extraño al establecido para el cobro coactivo de adeudos al Estado.

Los Artículos 3° y 4° de la Ley Nº 26771, disponen que las sanciones aplicables a los supuestos establecidos en éstos serían establecidas mediante el Reglamento de la Ley. En ese sentido, el Artículo 7.2 de Reglamento señala que al funcionario respecto del cual se ejerce la injerencia directa o indirecta a que hace referencia el Artículo 2° del referido Reglamento. Si la función o cargo ejercido es de confianza, el nombramiento quedará sin efecto o, se resolverá el contrato; según corresponda.

Si al momento de determinarse la sanción aplicable, la persona responsable del acto de nepotismo ya no tuviese la condición de funcionario y/o personal de confianza, será sancionado con suspensión sin goce de remuneraciones. Si la función o cargo ejercido es de confianza, el nombramiento quedará sin efecto, o se resolverá el contrato; según corresponda. La sanción consistirá en una multa equivalente a las remuneraciones o ingresos que dicha persona hubiese percibido en un período, no mayor de ciento ochenta (180) días calendario. En tanto no dé cumplimiento al pago de la multa impuesta, la persona responsable no podrá ser designada para ejercer cargo o función pública ni percibir ingreso alguno proveniente del Estado.

Nuestras novedades en tu e-mail

Escribe tu e-mail:

Al presionar "Recibir" estás dándote de alta y aceptas las condiciones legales de mailxmail

Cursos similares a Trabajo. Contratos administrativos de servicios


  • Vídeo
  • Alumnos
  • Valoración
  • Cursos
1. Trabajo en equipo
El manejo del equipo humano incluye los procesos requeridos para hacer el uso más... [23/02/05]
23.624  
2. Entrevista de Trabajo. Consejos
Te presentamos un curso en el cual te mostraremos los procesos de una entrevista... [14/11/11]
9  
3. Recursos administrativos. El procedimiento garantista
Los recursos en vía administrativa en Derecho español es el objeto de estudio de... [22/05/09]
2.692  

El blog de mailxmail|¿Qué es mailxmail.com?|ISSN: 1699-4914|Ayuda
Publicidad|Condiciones legales de mailxmail


¿Recibir novedades de Recursos humanos? ¡No te costará nada!