El art. 22 recoge los derechos del menor en esta fase del proceso, desde el momento de la incoación del expediente.
a) Ser informado por el Juez, el Ministerio Fiscal, o agente de policía de los derechos que le asisten.
b) Designar abogado que le defienda, o a que le sea designado de oficio y a entrevistarse reservadamente con él, incluso antes de prestar declaración.
c) Intervenir en las diligencias que se practiquen durante la investigación preliminar y en el proceso judicial, y a proponer y solicitar, respectivamente la práctica de diligencias.
d) La asistencia afectiva y psicológica en cualquier estado y grado del procedimiento, con la presencia de los padres o de otra persona que indique el menor, si el Juez de Menores autoriza su presencia.
e) Ser oído por el Juez o Tribunal antes de adoptar cualquier resolución que le concierna personalmente.
f) La asistencia de los servicios del equipo técnico adscrito al Juzgado de Menores.
La protección de los derechos del menor las hará el Juez, como ya se ha indicado.
En piezas separadas se resolverá la adopción de medidas cautelares privativas o restrictivas de derechos o resolver y practicar las diligencias de prueba limitativas o restrictivas de derechos que las partes puedan solicitar. También conocerá y resolverá la petición de declaración del secreto del expediente.
d) Los derechos del menor en la fase de audiencia: Es la denominación que hace la Ley al juicio oral, y es similar al Juicio oral del procedimiento penal de adultos.
El Juez en esta fase tiene la obligación de informar al menor en un lenguaje comprensible y adaptable a su edad de las medidas solicitadas por el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones, así como de los hechos y de la causa en la que se funden.
Tendrá derecho a asistir a la audiencia y a manifestar en ella todo lo que estime conveniente (acompañado por su Letrado).
Derecho a obtener una sentencia motivada y en un plazo de cinco días.
El art. 39 expresa el contenido de la sentencia. Esta será redactada por el Juez en lenguaje claro y comprensible para la edad del menor. A través de la sentencia el menor conocerá los motivos jurídicos y educativos que han originado la adopción de una concreta medida o de la absolución.
e) Los derechos del menor en la fase de ejecución: Además de los derechos mencionados anteriormente con respecto al menor privado de libertad, se ha de mencionar una serie de derechos genéricos en la ejecución.
- Derecho a la finalidad educativa de las medidas, las cuales desarrollarán programas individuales, atendiendo al principio del interés superior del niño.
- Derecho al principio de legalidad. Ninguna medida se podrá ejecutar sino en virtud de sentencia firme dictada conforme al procedimiento, de la forma prevista en la
Ley y los reglamentos que la desarrollen.
- Derecho a formular peticiones y quejas.
- Derecho a formular recursos contra las resoluciones en la ejecución de las medidas. Dicho recurso podrá interponerse por el menor de forma escrita o verbal ante el Juez o escrita ante el Director del centro de internamiento o bien manifestar a éste de forma verbal su intención de recurrir, en este último caso se dará traslado de esta manifestación al Juez de Menores quien adoptará las medidas que resulten procedentes a fin de oír la alegación del menor.
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