Derechos fundamentales y justicia penal

Si los derechos fundamentales tienen como finalidad primordial proteger a los ciudadanos frente al Estado, configurando el estatuto jurídico básico e inviolable de las personas que resulta infranqueable respecto de todos los poderes públicos, incluido el legislativo, dicha función protectora resulta especialmente perceptible en las situaciones en que el Estado hace uso de la última potestad que tiene reconocida para el restablecimiento del orden jurídico violentado, mediante el ejercicio del ius puniendi, en que pueden resultar afectados derechos esenciales de los individuos tales como su libertad personal, o quedar comprometidas por necesidades derivadas de la investigación penal la intimidad corporal, la inviolabilidad del domicilio o el secreto de las comunicaciones, entre otros derechos y libertades fundamentales.

El ámbito de libertad que confieren los dichos derechos fundamentales no es absoluto y debe hacerse compatible con las exigencias que se desprenden del interés social en la realización de la justicia penal, que comprende el propio de los ofendidos y perjudicados por el delito en la satisfacción de sus derechos.

De esta confrontación de intereses resulta lógicamente la limitación de los derechos concernidos en condiciones taxativas, sobre todo de legalidad, reserva de jurisdicción y proporcionalidad que se predican con carácter general de estas restricciones que, en todo caso, deben dejar a salvo el contenido esencial del derecho que pueda resultar afectado.

De otra parte, la actuación del ius puniendi solo puede realizarse a través de la institución del proceso judicial, cuya legitimidad también se supedita a una serie de garantías constitucionales tales como el derecho a un juicio justo o proceso dotado de todas las garantías, a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión y a la presunción de inocencia.

La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales se atribuye primeramente a los Jueces y Tribunales, como se deduce enseguida del art. 9 de la Constitución, de manera que el contenido de aquellos puede invocarse por sus titulares como tales derechos subjetivos ante cualquier órgano de la jurisdicción, sin perjuicio del posible agotamiento del régimen de la tutela subsidiaria que viene atribuida al Tribunal Constitucional a través del proceso de amparo.

En el siguiente programa se acotan necesariamente las materias que pueden abordarse en un Curso de estas características. El mismo se ha dividido en dos partes, dedicada la primera al planteamiento de carácter general sobre la proyección de los reiterados derechos fundamentales sobre la justicia penal; en segundo término al régimen aplicable a las limitaciones o restricciones que con más frecuencia se presenta en la investigación y enjuiciamiento de delitos graves. La última jornada se dedica a la perspectiva supranacional, desde el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la jurisprudencia del Tribunal con sede en Estrasburgo, así como a la visión global de su vigencia y protección en el ámbito de la UE.