Las administraciones públicas recogen gran cantidad de datos personales. El ordenamiento jurídico ha definido el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. En este artículo se plantea el intercambio de datos entre las administraciones públicas, cuando estos tengan carácter personal, partiendo de la constatación de que no hay una regulación general de los flujos informativos de las administraciones públicas, lo cual plantea dudas respecto a la necesidad de que haya una previsión legal y, en su ausencia, sea suficiente el consentimiento del interesado. Se expone la utilidad del proyecto de eDNI. Finalmente, se proponen mecanismos alternativos a la interconexión generalizada de las bases de datos de las administraciones públicas.
