El sector público europeo se encuentra hoy en un momento decisivo, ya que debe hacer frente a cambios institucionales importantes, a condiciones económicas y sociales que suponen grandes desafíos, y al profundo impacto de las nuevas tecnologías. Cada vez es mayor el convencimiento de que las administraciones públicas pueden tener, y tendrán, un papel mucho más importante en la puesta en práctica de la estrategia de Lisboa para la renovación económica, social y medioambiental.
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden ayudar a los gobiernos a enfrentarse a los numerosos retos que se le presentan. Sin embargo, no hay que centrarse en las TIC, sino en la utilización de estas tecnologías junto con un cambio organizativo y con nuevos métodos para mejorar los servicios públicos, los procesos democráticos y las políticas públicas. Ésta es la definición de administración
electrónica (e-government).
Actualmente, las buenas prácticas en muchos países ya han demostrado que la administración electrónica es, sin duda, una manera muy eficaz de prestar servicios públicos de mejor calidad, reducir tiempos de espera y mejorar la relación coste/rendimiento, aumentar la productividad y mejorar la transparencia y la responsabilidad. La administración electrónica puede ayudar al sector público a enfrentarse a las contradictorias exigencias de ofrecer más y mejores servicios con menos recursos. El intercambio de buenas prácticas y la cooperación entre las administraciones en todos los ámbitos puede acelerar su adopción, aportar ahorros mediante la reutilización de conceptos y soluciones de eficacia probada, y acelerar la creación y operatividad de servicios paneuropeos para ciudadanos y empresas.
Pero para que se cumplan las expectativas puestas en la administración electrónica se necesita un liderazgo político fuerte y un compromiso guiado por una visión a largo plazo sobre la contribución del sector público europeo a la sociedad del conocimiento.
Fuente: http://www.uoc.edu
