En síntesis, este curso pretende abordar una reflexión entre todas las partes implicadas, administraciones públicas, asociaciones de automovilistas y víctimas de la siniestralidad, representantes de la administración de justicia y especialistas en la materia, de las diversas situaciones que se plantean a los ciudadanos usuarios de la red vial, en relación con su
seguridad, y las posibles acciones y propuestas que se pueden plantear a la sociedad y a los poderes públicos para la solución de los distintos problemas que se suscitan en esta materia y muy especialmente los relacionados con la siniestralidad en las carreteras y sus efectos derivados.
Una institución como el Defensor del Pueblo, a la que compete la protección y defensa de los derechos fundamentales que nuestra Constitución reconoce y ampara, no puede permanecer al margen de un problema social como es la siniestralidad vial que se produce en nuestro país.
Recordemos que dentro del capítulo de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos se encuentran el derecho a la vida y el derecho a la integridad física, contemplados en el artículo 15 de la Constitución, que en este caso se conectan con lo dispuesto en el artículo 19, que ampara el derecho de los españoles a circular libremente por todo el territorio nacional.
Así mismo, entre los principios rectores de la política social y económica, recogidos en el Titulo I de la Constitución, el artículo 51 impone una obligación expresa a los poderes públicos de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, mediante procedimientos eficaces que protejan su seguridad y salud.
Pues bien, dentro del marco de este conjunto de derechos reconocidos y de obligaciones establecidas en nuestra Constitución, el Defensor del Pueblo viene desde hace tiempo mostrando, a través de sus actuaciones, una especial atención a la alta siniestralidad que se produce en nuestra red viaria, que arroja anualmente un importantísimo numero de fallecidos y lesionados de muy diversa entidad, situación que exige la adopción de medidas de diversa índole que permitan dar solución a este grave problema.
Precisamente fruto de esta preocupación es el estudio monográfico que en este momento elabora la institución en relación con la seguridad vial, con una especial referencia a la de los usuarios de motocicletas, colectivo significativamente afectado por la siniestralidad.
La siniestralidad vial es un problema social que por sus graves efectos requiere de una necesaria toma de conciencia por parte de la sociedad civil, con el fin de conseguir un imprescindible grado de responsabilidad en el comportamiento de cada ciudadano que participa en la circulación y de una acción decidida de los poderes públicos en la adopción de todas aquellas medidas necesarias para garantizar la
seguridad vial.
En definitiva estas son las razones que motivan el estudio y debate de esta cuestión por las partes concernidas en el Curso del presente año.
