Desde la liberalización de los
mercados financieros en la década de los años 80 se ha producido un incremento de la desigualdad en la relación de fuerzas, a escala macro entre los estados nacionales y los mercados de capitales, y a escala micro, en la empresa, entre los accionistas y los trabajadores.
La creciente liquidez de títulos en los mercados financieros internacionales permite que los accionistas tengan una disponibilidad, casi inmediata, de salida de una empresa en búsqueda de mayores rentabilidades cortoplacistas de su inversión.
Esto, en muchos casos, puede suponer una ruptura de la eficacia económica de las empresas productivas, sobre todo de aquellas, las más complejas, cuyos procesos de producción requieren un mayor periodo de tiempo de maduración para que se rentabilicen las inversiones acometidas.
Incluso se han llegado a producir casos de vaciamiento patrimonial que directamente han supuesto la quiebra de empresas que eran plenamente rentables.
Es indudable que esto supone que los trabajadores se encuentran en una correlación de fuerzas crecientemente desigual, por lo que es necesario nuevas propuestas regulatorias en el ámbito financiero, mercantil, laboral, civil y penal que eviten los efectos negativos de una excesiva financiarización de la
economía.
