Siempre que se produce algún avance en la protección social de los autónomos, la fórmula laboral bajo la que se encuadran la mayoría de los emprendedores, me viene a la mente que este colectivo está clasificado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dentro de la categoría de “empleo vulnerable”.Evidentemente, la OIT está pensando sobre todo en los autoempleados de los países emergentes y en desarrollo, lugares en los que la economía informal y la debilidad de los sistemas de protección social hacen que los trabajadores por cuenta propia lo tengan muy difícil si cualquier eventualidad (una enfermedad, por ejemplo) les impide desarrollar su trabajo; pero también en las economías desarrolladas los autónomos están en una situación más expuesta que los asalariados. El último informe de Eurofound sobre trabajo autónomo, por ejemplo, señala que hasta el 48% de los autónomos de la Unión Europea aseguran que no se encontrarían en una posición económica segura en caso de una enfermedad de larga duración (el porcentaje en España es todavía mayor: el 51%).
La vulnerabilidad de los autónomos se ha atenuado la semana pasada gracias a la aprobación por el Senado de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, una norma muy esperada (ha tardado diez meses en hacer su recorrido parlamentario) y que, entre otras cosas, amplía notablemente la protección del colectivo, al que pertenecen más 3.100.000 personas en España. La norma establece una mejor cobertura de las situaciones de maternidad, paternidad, adopción, cuidado de menores o personas dependientes y facilita la contratación de los hijos con discapacidad de los autónomos, además de permitir a las personas de más edad compatibilizar salario y pensión si estamos ante un autónomo con al menos un empleado. Avances notables, pero que iluminan a la vez lo mucho que queda por hacer para alcanzar la aspiración de tener, como los países nórdicos, un nivel de protección asimilable al de los trabajadores por cuenta ajena.
El sistema es disfuncional, y lo evidencian las cifras: menos del 20% de los autónomos españoles están dados de alta en la prestación por cese de actividad (el llamado “paro de los autónomos”), lo que indica que sigue sin funcionar bien 10 años después de su puesta en marcha; más del 80% de los autónomos cotizan por la base mínima, lo que no refleja bien los ingresos reales que perciben y esto, a su vez, ocasiona toda clase de problemas (desde la generación de pensiones muy bajas hasta la falta de ingresos para la Seguridad Social). Para promover el emprendimiento no basta sólo con poner facilidades para lanzar el propio proyecto; hay que generar también un sistema equilibrado de aportaciones y derechos para conseguir que esas iniciativas empresariales se puedan mantener en el tiempo y ofrezcan a los titulares ayuda en caso de fracaso y una retirada digna para el que llegue al final de su vida profesional. El Congreso abre ahora la subcomisión encargada de estudiar la reforma del Régimen de Autónomos en la Seguridad Social: una oportunidad excelente para lograr un sistema más justo.
Por: Rafa Bernardo, periodista de Cadena Ser
