El sector de la formación para el empleo precisa de una “estrecha y fuerte colaboración” de los poderes públicos y requiere de estabilidad política, financiera y jurídica para desarrollar su actividad con plenas garantías. Así lo manifestó el Ministro de Trabajo e Inmigración (2010-2011), Valeriano Gómez, durante la presentación del informe que ha elaborado, bajo el título de “La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado”, en colaboración con las organizaciones más representativas del sector (AEGEF, ANCED, CECAP) que reivindican al Gobierno un desarrollo normativo que garantice la seguridad jurídica y mejore la planificación con el fin de promover una oferta formativa de calidad que mejore la empleabilidad en España tras la reforma legislativa que ha supuesto la Ley 30/2015 y el Real Decreto posterior.
Para Valeriano Gómez esta ley es “buena y despierta buenas expectativas en todos los actores”, pero requiere de una “estrecha y fuerte colaboración” entre el sector de la formación y los poderes públicos para afrontar juntos los retos actuales.
Gómez aseguró que, en numerosas ocasiones, “hemos sido tan exigentes desde el ámbito de los poderes públicos que en la práctica dificultamos la propia acción de estos servicios de formación profesional”. Y añadió que “esto es algo que debemos solventar porque no hay un sistema alternativo o, por lo menos, los poderes públicos no tienen un sistema alternativo”. La solución, para Gómez, pasa por una formación para el empleo consolidada que avance hacia un sistema de gestión de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado, sometido a todos los controles que sean necesarios, siempre y cuando ese control “no dificulte su actividad”.
En este sentido, intervino tras la presentación del informe el
Director General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Julio Martínez Meroño, quien indicó que actualmente la formación no tiene un problema de disponibilidad presupuestaria. Pero que esos recursos deben gastarse en formación que responda a los criterios que exige el Tribunal de Cuentas: “calidad, concurrencia y transparencia”.
Por su parte, el Presidente de la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación (AEGEF), Juan Antonio Sánchez, destacó en su intervención que “mejorar el empleo, su calidad y la empleabilidad, sigue siendo uno de los principales retos que tenemos que abordar entre todos, tanto la Administración Pública como las empresas y los trabajadores”. Por ello, reivindicó que el sector al que representa “debe ejercer un papel clave como fiel aliado de la Administración y de los agentes sociales” al ser “eslabón que conecta a empresas y trabajadores, lo que da lugar a un mejor conocimiento de sus necesidades formativas”.
En este sentido, el Presidente de la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED), Jorge Azcárate, destacó la creación de la Plataforma de Asociaciones de Formación con el fin de convertirse en “interlocutores válidos” ante los legisladores, agentes sociales y Administración para poder así colaborar con ellos en aquellos cambios normativos encaminados a mejorar la formación para el empleo. Y les emplazó a “trabajar unidos para alcanzar el objetivo más importante que tiene nuestro sector, que es la formación de personas, pilar básico en cualquier economía desarrollada, y que sirva de ayuda para la incorporación al mercado laboral”.
Para el Presidente de la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP), Pedro Rey, la apuesta por la Administración por la Ley 30/2015 supuso un hito importante ya que posibilitaba la entrada de los centros y entidades de formación en régimen de concurrencia competitiva en el sistema. Para Rey, es imprescindible el desarrollo de los distintos instrumentos que recoge esta ley (escenario plurianual, planificación estratégica, fórmulas alternativas a la subvención, nuevas Estructuras Paritarias, financiación, creación de un sistema integrado de información, Catálogo de Especialidades Formativas coordinado y único, etc.). Todas estas propuestas aportarán según Pedro Rey, calidad y eficiencia al sistema y medir el impacto y alcance de la formación en términos de competitividad y profesionalización.
El informe, remitido a la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, por parte de su autor, incluye un cuadro de propuestas para acometer el desarrollo de las órdenes ministeriales que permita avanzar hacia un modelo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado.
Al acto, celebrado el 17 de enero en la sede corporativa de Llorente y Cuenca, acudió un centenar de personas del entorno político, institucional, sindical y empresarial.
Fuente: Noticias ADAMS
