Grado en gestión y administración pública

Al grado deberían acceder personas que tengan una cierta vocación o interés por los asuntos públicos; que no permanezcan indiferentes ante la eficacia o ineficacia de las organizaciones públicas, sino que crean que uno u otro resultado trasciende en la vida del conjunto de los ciudadanos. Los futuros estudiantes deben demandar una formación profesional, para poder adquirir las habilidades y conocimientos que les permitan trabajar en organizaciones públicas y parapúblicas y deberán ser capaces de poder ver a las Administraciones Publicas como oferentes de empleo y como posibles clientes. Una cierta relación profesional previa de los futuros estudiantes con el entorno de las Administraciones Publicas puede mejorar la motivación para seguir la formación que ofrece el grado de Gestión y Administración Pública.

Denominación del título: Graduado/a en Gestión y Administración Pública

El/la graduado/a logra un perfil multidisciplinar con un conocimiento profundo del entorno legal, económico y social siendo personas adecuadas para trabajar en cualquier sector de la Administración Pública, aunque su formación integral les hace totalmente adecuados para su incorporación en el Sector Privado.

Esta titulación proporciona una formación interdisciplinar, dotando de conocimientos sobre los métodos y técnicas de gestión, preferentemente dirigida al trabajo que se desarrolla en las distintas Administraciones Públicas. Es interesante tanto para los estudiantes que inician sus estudios universitarios y se interesan por el ámbito de lo público, como para aquellos que ya trabajan en este sector y que buscan posibilidades de promoción interna. Además es una titulación que, por su conocimiento del marco jurídico, económico, contable, estadístico y en lo referente a la administración de empresas y recursos humanos, los graduados en Gestión y Administración Pública son igualmente válidos para el trabajo en la Empresa Privada. Son especialmente atractivos en Consultoras, Asesorías, empresas concesionarias de Servicios Públicos, empresas contratistas de la Administración, fundaciones y ONGs y entidades que en general tengan un contacto continuo con las Administraciones Públicas.