La Protección Constitucional y el Sistema Inter americano de los Derechos Fundamentales

En los últimos 20 años la Suprema Corte de Justicia –SCJN– ha analizado en reiteradas ocasiones la jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos fundamentales, con decisiones en las que ha subrayado, cada vez con mayor nitidez, la relevancia que tienen para el sistema jurídico mexicano. Sin embargo, la ausencia de referentes jurisprudenciales sobre la posición de los tratados en el sistema de las fuentes del derecho y la carencia de conocimientos técnicos para proceder a aplicarlos, desalentó su utilización como parámetro referencial en los litigios, por lo que no debe extrañar que la aplicación de los derechos fundamentales de fuente internacional por los jueces ordinarios haya sido prácticamente excepcional.

El 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH– emitió sentencia dentro del caso Rosendo Radilla Pacheco vs. México, condenando por primera vez al Estado mexicano. Derivado de esa sentencia, y de sus implicaciones específicas para el Poder Judicial, los tribunales colegiados comenzaron a hacer uso de la doctrina del control de convencionalidad referido en dicho caso, e institucionalizaron ese deber en distintas tesis entre las que destacan.

“Control de convencionalidad. Debe ser ejercido por los jueces del estado mexicano en los asuntos sometidos a su consideración, a fin de verificar que la legislación interna no contravenga el objeto y finalidad de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”,

“Control de convencionalidad en sede interna. Los tribunales mexicanos están obligados a ejercerlo”