Junto a un ambiguo entorno económico y financiero mundial, el tejido productivo andaluz está cambiando. Actualmente, son más las personas que optan por cursar estudios universitarios que las que optan por la formación profesional, pero la brecha se ha ido cerrando desde hace unos años. La sobrecualificación es un tema que debe ser abordado en comunidades autónomas como Andalucía.
Sin embargo, un tercio de los graduados superiores trabajan en puestos que están por debajo de su nivel educativo. Su prevalencia es del 7% de la población activa.
La formación profesional puede ser la clave para solucionar el paro y la falta de conocimientos útiles a la hora de contactar con los empresarios, según el último Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Esto se debe a que la tasa de empleabilidad de la formación profesional (42 por ciento) es casi cuatro puntos superior a la tasa de la educación superior (38 por ciento).
En respuesta a este proceso de cambio, los organismos gubernamentales, las empresas y las instituciones educativas se han unido para desarrollar una legislación que no solo satisfaga mejor las necesidades de formación de los jóvenes andaluces, sino que también ayude a los trabajadores a lo largo de sus carreras.
Recordemos que Andalucía tenía un paro de larga duración del 30% y una tasa de paro juvenil del 29% a finales de 2022. La Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional entra en escena en esta situación; entró en vigor en marzo de 2022 y se adoptará por completo en el año académico 2023-2024. El objetivo del modelo es utilizar la formación profesional (FP) como catalizador de la transformación económica y social del país.
Un informe examina detenidamente esta nueva normativa y cómo afectará a Andalucía bajo la dirección de José Amador Sancho, Chief Learning Officer de FP Pero con más de 25 años de experiencia en el sector de la formación profesional. Estas medidas adoptadas, como la flexibilización y la inclusión de niveles que aborden las tecnologías, abordarían la sobrecualificación de los andaluces y, en el otro extremo, la falta de cualificación en competencias relacionadas con las Nuevas Tecnologías.
En cuanto a la adaptabilidad, satisface las demandas de los estudiantes para adquirir habilidades críticas como la comunicación en el lugar de trabajo o el aprendizaje de idiomas para apoyar la internacionalización de las habilidades. No olvidemos que el 73,4% del sector dominante en Andalucía es la industria de servicios, donde estas habilidades serían valiosas para los empleados y deseables para los empleadores. La nueva Ley Orgánica para la Organización e Integración de La Formación Profesional podrá potenciar el capital productivo andaluz porque Andalucía también ocupa el tercer lugar entre las Comunidades Autónomas en número de empresas del sector TIC, con empresas que se han duplicado de 2010 a 2020 hasta superar las 3.300 empresas.
José Amador Sancho también llama la atención sobre la modificación realizada al Módulo de Formación en Centros de Trabajo (FTC). La novedad cuenta con el apoyo del experto en formación profesional pedagógica, ya que permitirá a los estudiantes andaluces completar gran parte de su formación en empresas y establecer un contacto temprano con ellas.
En las zonas rurales, donde la despoblación afecta a muchas regiones, también destaca lo crucial que es priorizar el abastecimiento.
España sufre un acceso inadecuado a una amplia gama de servicios necesarios y una falta de oportunidades de empleo, que un mejor profesional ayudaría a paliar. No obstante, prosigue José Amador: “Me preocupan fundamentalmente los aspectos relacionados con la implantación de la Formación Profesional Dual”, refiriéndose al entorno empresarial y su capacidad para proporcionar a los alumnos un entorno de aprendizaje adecuado.
Hay más de 620.000 comercios repartidos por el conjunto de municipios y localidades de Andalucía. Se necesitarían 15.000 empresas dedicadas a esta causa educativa en ciudades como Sevilla. Porque Andalucía tiene potencial, los organismos y agentes de la Administración ya han iniciado una fase de encuentros con empresarios para debatir el proyecto y solicitar colaboración. Patricia del Pozo, ministra de Fomento Educativo y Formación Profesional, instó recientemente a las empresas andaluzas a apoyar el crecimiento de la formación profesional dual en la localidad de Córdoba.
La tarea parece abrumadora, pero parece que el gobierno, las instituciones educativas y las empresas están trabajando juntos para mejorar las calificaciones y, al mismo tiempo, fortalecer la competitividad y el tejido productivo de la nación. capital humano. Estaba claro que se necesitaba una nueva legislación, y dado que tiene el potencial para abordar los problemas socioeconómicos actuales, su aprobación unánime no fue sorprendente.
Dada esta situación y los problemas planteados, es posible que la formación profesional ayude a reinsertar en el mercado laboral español a los menores de 25 años que se encuentran en situación de paro permanente. Además, se consolida como una opción de confianza para los jóvenes andaluces que inician sus estudios superiores.
En cuanto a FP Pro.
Con títulos oficiales y homologados de los grados medio y superior, FP Pro es una institución educativa con orientación a la formación profesional. Genera una oferta educativa única, enfocada a la inserción laboral activa de los alumnos y apuesta por la calidad en todo su ecosistema formativo sobre la base de escuchar y comprender las necesidades y deseos de las empresas.
Nuestro objetivo es conectar el lugar de trabajo con el aula y el lugar de trabajo con el lugar de trabajo para conectar los desafíos competitivos que enfrentan las empresas con el talento profesional más calificado para abordarlos de inmediato.
