La última reforma del Código Penal ha llevado a todo tipo de organizaciones a apostar por incorporar esta figura en su equipo, para sentar las bases que garanticen su compromiso ético y su apuesta por la prevención de riesgos penales. Precisan profesionales capaces de detectar las áreas críticas y de diseñar herramientas de control que garanticen el cumplimiento normativo.
La reforma del Código Penal supuso un acicate para el empresariado, que en 2010 comenzó a plantearse la necesidad de incorporar a sus equipos un nuevo perfil, el del Legal Compliance Officer o Controller Compliance. Esta figura se hizo especialmente necesaria a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ya que esta contribuye a clarificar la atribución de la responsabilidad penal y establece un catálogo de infracciones susceptibles de ser cometidas por parte de las organizaciones, al tiempo que define las consecuencias penales en caso de que, finalmente, la empresa resultase condenada a consecuencia de un incumplimiento. Pero dicha ley incluye también la posibilidad de exención de responsabilidad, siempre y cuando la compañía haya desarrollado, adoptado y ejecutado previamente modelos de organización y gestión, o Compliances Guides, que incluyan las medidas de vigilancia y control necesarias para la prevención de delitos o para, al menos, minimizar el riesgo de materialización de conductas en su seno.
Pese a que han pasado cicno años, “este tipo de responsabilidad no ha sido realmente apreciada por nuestros Tribunales hasta el primer trimestre de este año”, según datos aportados por el director general de Enfoca Asesores, José Ramón González Cabo. Pero esta nueva situación “ha hecho saltar las alarmas entre el sector empresarial en el sentido de que cualquier organización bajo la que se cometa una conducta delictiva puede ser susceptible de condena, pudiendo implicar una multa más o menos severa, clausura de locales, suspensión de actividades o, incluso, su intervención y su disolución”.
Este hecho ha motivado que, según datos de González Cabo, cada vez sea más frecuente que las “empresas adopten una posición activa de cara a la adopción de medidas preventivas, con la misión de minimizar los riesgos derivados de una conducta penal de la que su organización pudiera beneficiarse”. Es por ello que, dentro de esta nueva conciencia empresarial surge la figura del Compliance Officer Penal, dado que es “garante de la implantación de un modelo de organización y gestión de delitos, cuestión que, en la práctica, marca la diferencia entre la aplicación de una condena y la exoneración o atenuación de sus consecuencias”, agrega el director general de Enfoca Asesores.
Así, de esta nueva situación, derivada de las reformas en el Código Penal acerca de la responsabilidad de las personas jurídicas, surge la necesidad de contar con expertos. “La demanda de personal cualificado en esta materia es el objetivo de no pocos departamentos de recursos humanos, que”, según la experiencia de González Cabo, “buscan perfiles cada vez más técnicos y formados en este tema, que contribuyan a dotar de soluciones a la multitud de riesgos penales que, en función de su objeto social, estructura y complejidad, se pueden materializar en una empresa si no se implementan medidas concretas de prevención y control en este sentido«.
No obstante, aunque la figura del Legal Compliance Officer es sobradamente conocida en el mundo anglosajón, en España existe una carencia de profesionales especializados, dado que los responsables de garantizar el cumplimiento normativo de la empresa han de sumar, a unos extensos conocimientos jurídicos, otro tipo de saberes y habilidades, a partir de los que garantizar la prevención, minimizar la existencia de conductas que pudieran derivar en responsabilidad penal para la empresa y, en la medida de lo posible, contribuir a evitarla, algo especialmente importante en una época en la que están aflorando múltiples escándalos financieros, contables e incluso medioambientales a nivel nacional e internacional.
Su labor ha de ir encaminada a garantizar la transparencia, a lograr el compromiso de todos los integrantes de la empresa en el cumplimiento normativo y, por supuesto, a propiciar que se minimicen las consecuencias derivadas de posibles incumplimientos por parte de quienes integran la organización. Para conseguirlo, el responsable de cumplimiento ha de saber cómo identificar los riesgos; ha de analizar los cambios que se produzcan en la empresa y determinar cómo han de realizarse para garantizar el cumplimiento normativo; y ha de diseñar las medidas preventivas y correctivas necesarias para minimizar los riesgos de comisión de delitos. Además, ha de elaborar los documentos de gestión y control (Compliance Guides), y formar a todos los integrantes de la organización a fin de que los conozcan y se comprometan con el cumplimiento de estos, a fin de garantizar un comportamiento responsable por parte de todo el equipo. El compromiso que exigirá el responsable de cumplimiento ha de ir más allá del marco normativo, puesto que, a través de su labor, ha de buscar una autorregulación de la empresa y, dentro de esta, lograr que el compromiso ético sea una de sus máximas prioridades.
Para conseguirlo, y debido al carácter siempre cambiante y evolutivo de las organizaciones, es precisa una acción constante, a partir de la que detectar nuevos riesgos potenciales. Solo conociendo a fondo la entidad se podrá atajar prontamente la posible comisión de delitos y, anticipándose a ellos, sustituir el tradicional modelo de reacción ante hechos consumados por uno de prevención. De no ajustarse al compromiso de vigilancia constante, eso sí, la labor del Controller Compliance podría derivar responsabilidades personales, de ahí la importancia de contar con una formación exhaustiva y rigurosa, que le permita contar con las herramientas necesarias para poder ejercer su función en empresas de la más diversa índole.
El Legal Compliance Officer, que ha de tener amplios conocimientos jurídicos y de gestión y una gran capacidad de comunicación, puede ser parte integrante de la plantilla de una entidad. Pero cada vez son más las empresas que quieren afianzar su compromiso con el cumplimiento normativo y muchas de ellas, especialmente pymes, prefieren externalizar dicho servicio. De este modo, contar con formación en este área supone abrir un amplio abanico de oportunidades profesionales.
