De ensalzar las virtudes de la ley a considerarla “ofensiva para el alumnado,” hemos recogido las opiniones de representantes de tres sindicatos con posturas diferentes, en algunos casos totalmente opuestas. Hemos propuesto a Antonio Jimeno, presidente de AMES, central favorable a la LOMCE, y a Josep Maria Freixanet, de FETE-UGT Catalunya, y Montse Ros, secretaria general de la Federación de Educación de CCOO en Cataluña, dos sindicatos opuestos a la ley Wert, para que nos den su opinión sobre algunos de los aspectos clave la de la norma. Vosotros decidís.
Sobre el itinerario curricular de la ESO y el Bachillerato
Para Antonio Jimeno (AMES), el problema no radica en el itinerario curricular ni en el contenido de las asignaturas de la ESO, sino en no separar a los alumnos que quieran acceder a Bachillerato de los que tan solo pretenden acabar la educación obligatoria. “Tener a alumnos que al año siguiente quieren acceder a Bachillerato junto con otros que desean ponerse a trabajar de aprendices significa perjudicarlos a todos: a unos porque no pueden aprender al ritmo y al nivel que querrían y a los otros porque tienen que soportar seis horas diarias de clase sobre cosas que ni entiende ni les interesa,” declara.
No opinan lo mismo Josep Maria Freixanet (UGT) y Montse Ros (CCOO). Freixanet habla de una “segregación prematura del alumno”, Ros apela al redactado de la LOMCE, “encauzar en distintas trayectorias”, para hablar de una selección del alumnado con criterios elitistas. Considera que “es un mecanismo para reducir el número de alumnos que llegan a Bachillerato y a la universidad.” También asegura que “la repetición de curso es cara e ineficiente” y apunta como objetivo oculto de la ley la precarización del mercado laboral. “Los redactores de la ley pretenden un mercado de trabajo de menor cualificación, más homogéneo y más dócil,” apunta.
Sobre la evaluación final del Ministerio (la famosa “reválida”)
Entre las novedades más debatidas que introduce la LOMCE está la incorporación de una prueba diseñada por el Ministerio de Educación, común a todos los centros educativos del país, para evaluar los conocimientos del alumno al final de la educación obligatoria. El sindicato AMES, que solicitaba este examen desde 1999, aplaude la medida del Gobierno. Según su presidente, contribuirá a evitar la división entre colegios “permisivos” y exigentes, y a que “el alumnado tenga más ganas de aprender, puesto que el acceso a Bachillerato o FP dependerá, en parte, de los resultados que obtenga en una prueba establecida por un profesorado externo, ” dice. Entre las ventajas que a su juicio conlleva la prueba, están la motivación de alumnos y profesores, la igualación del nivel y los contenidos de todos los centros, la preparación en el acceso a Bachillerato y FP, el fomento de la educación no memorística e, incluso, la mejora en los resultados del ranking PISA.
Freixanet, por su parte, destaca el carácter recentralizador de la “reválida” medida que, según él, significa “volver a estructuras antiguas que nunca hicieron un buen favor”. El dirigente de UGT critica el valor pedagógico de la evaluación final: “La enseñanza no se puede promulgar como una simple superación de obstáculos en la que el examen sea la meta, sino que la meta debe de ser la propia trayectoria del alumno.”
La representante de CCOO ahonda en esta idea y habla de “estándares de evaluación que se están cuestionando en todo el mundo”. Para Ros la mejora del sistema educativo depende de: “la formación continua del profesorado, la creación del I+D+I en la educación, la cooperación y la corresponsabilidad de las familias, a las que se debe apoderar educativamente.” También aboga por invertir en educación infantil.
“La voluntad de esta ley es clasificar, seleccionar, volver atrás. No nos ofrece ninguna oportunidad.” Son declaraciones de Montse Ros (CCOO), coincidentes con las de Freixanet (UGT), que insiste en el carácter segregacionista de la Ley. El representante de la UGT catalana dice preferir las políticas de la Generalitat de Cataunya en materia de programas de cualificación profesional. Ros habla de la ruptura con una dinámica que desde 2002 favorecía “la conexión de la FP con las enseñanzas de régimen especial y la universidad mediante un sistema flexible que permita trayectorias personales o ligadas a las necesidades de empresas concretas.”
En dirección opuesta, Jimeno insiste en la oportunidad de una evaluación final de la ESO para acceder a la FP. “Se evita que vayan a la FP tanto los alumnos interesados como los que no,” apunta. AMES ve bien la incorporación de la FP Básica para los jóvenes de 15 años con dificultades para superar la ESO. “Si se les obliga a estar en las aulas de ESO acaban convirtiéndose en alumnos conflictivos,” asegura. Una FP Básica de dos años permite, según la AMES, que los alumnos entren con 17 en el mercado laboral “con un título oficial,” además de ganarse una segunda oportunidad para regresar a la ESO.
Sobre la modificación del acceso a la universidad con la desaparición de la selectividad
AMES apuesta por la Evaluación Final de Bachillerato (EFB) prevista en la LOMCE en sustitución de la Prueba de Acceso a la Universidad. Para este sindicato, la universidad “es parte interesada en que entre el máximo número de alumnos posible, aunque no estén del todo bien preparados,” y pone como ejemplo el alto porcentaje de aprobados en las PAU. Jimeno aboga porque la EFB sea una prueba de Estado, por los mismos motivos que la evaluación final de la ESO, y cuyo contenido y corrección esté en manos de profesores de Bachillerato —“Los que realmente conocen los contenidos y los niveles de Bachillerato son los profesores de Bachillerato y nos los de universidad”—. Opina que se lograría acabar con la paradoja, en su opinión, de aceptar en masa a alumnos que luego no están del todo preparados para estudiar un grado universitario.
Para Josep Maria Freixanet el anuncio de la supresión de la selectividad da pie a “un sálvese quien pueda, es decir, a una selección todavía más encubierta del alumnado por parte de las universidades, dejando de lado la igualdad de oportunidades.” Su colega en Comisiones Obreras vincula la medida al “encarecimiento de la universidad y el endurecimiento de las becas.” Ros la relaciona también con las políticas de austeridad: “El Ministerio, en boca de la Sra Gomendio, teoriza que la cuota de población con estudios universitarios en España es demasiado alta para el mercado de trabajo y que se debe de reducir el gasto público en este sentido. Para CCOO el acceso a la formación superior es un derecho de ciudadanía, más allá de las necesidades del mercado de trabajo.”
Sobre los cambios en la gestión de centros
La organización presidida por Antonio Jimeno defiende una autonomía en la gestión de los centros, siempre y cuando conlleve una rendición anual de cuentas del centro ante la Administración. La falta de control gubernamental en la atribución de poderes a los centros puede derivar, según AMES, en “un fraude a los padres y a toda la sociedad, porque no se enseñan los conocimientos que corresponden a cada etapa.” Además, se puede caer en el peligro de “amiguismos, abusos laborales y nepotismo,” por parte de los directores. AMES también se muestra favorable a limitar el Consejo Escolar al papel de órgano consultivo: “Los padres quieren que sus hijos reciban una buena enseñanza (…) y no ir a reuniones para aprobar el horario, los libros de texto, las salidas escolares o si tal o cual alumno debe ser sancionado,” apunta.
UGT diferencia entre gestión y gobernación de los centros. Defiende una autonomía de centros, en base a “un proyecto educativo y una gobernabilidad del centro en la que participen los diferentes estamentos, y donde el equipo directivo pueda liderar proyectos”. Freixanet discrepa del propósito de convertir al director en autoridad pública: “Una cosa es la autoridad y otra cosa es el autoritarismo, y en algunos aspectos la LOMCE piensa en volver al autoritarismo y no a la autoridad. La autoridad es una legitimidad y el autoritarismo una imposición,” detalla.
Por su parte, CCOO destaca la voluntad recentralizadora de este apartado y el carácter competitivo de una concepción de la gestión de los centros que atenta contra el modelo de “corresponsabilidad y cooperación” que caracteriza a la escuela pública.
Sobre la financiación y calendario de implantación
“La LOMCE no es una ley cara porque solo introduce la doble vía en 4º de ESO y la realización de las pruebas finales que harán los propios profesores,” explica Antonio Jimeno.
Montse Ros no es la misma opinión, cree que la LOMCE es “ley barata para las finanzas del Estado y cara para las familias.”
¿Y qué medidas piensan tomar?
Mientras la AMES no contempla ninguna acción sindical y solo pide que “los que se consideran demócratas cumplan con su obligación de respetar la ley como hicimos (…) con la LOGSE y la LOE pese a no estar de acuerdo”.
CCOO proporcionará asesoramiento legal a los centros que no quieran aplicar la ley: “Hay un margen, combinando calendario y preceptos de organización, que permiten a los centros educativos retrasar un par o tres de años los efectos más nocivos y directos de la LOMCE sin incumplir ningún precepto en concreto,” explican.
Por su parte, UGT propone una “acción reivindicativa constante con acciones tan sencillas como protestar ante las escuelas el primer día de clase.”
Y tú, ¿qué opinas?
1 comentario en «LOMCE, argumentos a favor y en contra»