Cada vez con más frecuencia a la hora de valorar el nivel de desarrollo de un país se tiene en cuenta factores ajenos a la economía. En este sentido, uno de los mecanismos más utilizados es el Índice de Desarrollo Humano, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y que tiene en cuenta aspectos relacionados con la vida larga y saludable, el nivel de vida digno y la educación.
Desde comienzos del año 2000, e incluso en los últimos años de la década anterior, la evolución de la cifra de estudiantes universitarios en España no ha dejado de crecer de forma progresiva. Esto ha determinado una mejora evidente del nivel de desarrollo del país, al disponer de una población sobradamente preparada en todos los sectores y ámbitos.
Pero no ha sido la única consecuencia, esta evolución ha determinado, además, una especialización de la oferta de estudios, con titulaciones cada vez más concretas, la creación de un sistema de becas de acceso a la universidad y, además, la proliferación de universidades, tanto de titularidad pública como privada. Este proceso de incesante de creación de universidades, que comenzó en 1997, ha sido más pronunciado en el caso universidades privadas, de 12 han pasado a ser 32. La cifra de las públicas asciende a 50.
Sector que no ha sufrido la crisis
Al contrario de lo que ha sucedido con la mayor parte de los sectores, la crisis no ha afectado este incesante crecimiento de centros universitarios de titularidad privada. Lo que ha provocado, a su vez, es que se cree la duda de si se trata de simples negocios de reparto de títulos oficiales o de campus de formación de calidad, sometidos a los mismos niveles de control que en el caso de las universidades de titularidad pública.
¿La docencia impartida es similar a la de los centros del estado? ¿Los titulados de estos centros tienen un nivel semejante a los de las universidades públicas? La polémica está servida. Sobre todo desde que el pasado mes de Julio el Ministerio de Educación publicara el borrador de real decreto que regula esta proliferación de centros de educación superior.
Nueva regulación
La nueva normativa elimina los requisitos que se fijaban en el real decreto del año 1991, en los que se establecía la obligatoriedad de que las universidades ofrecieran estudios de los tres campos del saber: Humanidades, Tecnología y Ciencias. Este texto, con todo, sigue manteniendo la necesidad de ofrecer hasta ocho titulaciones, como mínimo, en cada centro.
Las universidades de nueva creación, según esta nueva ley, no deberán, necesariamente, tener en cuenta las nuevas necesidades sociales a la hora de seleccionar los estudios.
Pero, sin duda, uno de los aspectos más polémicos de esta nueva normativa, como ya lo fue el del texto anterior, es el que guarda relación con el control y supervisión de los requisitos exigidos a los centros privados, y es que se trata de una competencia de las Comunidades Autónomas, pero en la que, además, también interviene el Estado. La principal crítica que se le hacía al texto anterior era que no se realizaba un verdadero seguimiento de los informes que se redactaban de forma favorable, o no, desde el estado y la región a una universidad de nueva creación.
Igual de polémica es esta regulación en lo referente a la investigación en los centros privados. Al tratarse, objetivamente, de una actividad poco rentable a corto plazo, son muy pocos los centros de titularidad privada que invierten en investigación. Con todo, la nueva ley no lo hace obligatorio, por lo que se prevé que cambie la tendencia con el tiempo.
A la vista de las más de dos décadas de constante aparición de universidades privadas, y a la cada vez más laxa regulación, deberíamos plantearnos si en el futuro debemos estar frente a una nueva forma de negocio o a un verdadero servicio de formación ciudadana.
